Hasta hoy, al menos 51 establecimientos secundarios se encuentran en toma, 42 colegios en paro, y otros tantos liceos, a pesar de haber sido desalojados, continúan movilizados en jornadas reflexivas. En el nivel universitario la realidad no se presenta muy distinta, al menos 19 Universidades se encuentran tomadas o en paro de actividades a lo largo del territorio nacional. Por otra parte, el Colegio de Profesores convocó a un llamado a Paro Nacional de actividades el 4 de junio sumándose a los cientos de establecimientos educacionales movilizados a lo largo del país. La convocatoria tuvo un 90% de adhesión. Durante el mismo día viernes, se llevó a cabo una asamblea por parte de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Universitarios (www.aceus.cl) en donde se acordó una protesta nacional para este jueves 12 de junio.
Los petitorios locales son diversos, sin embargo la demanda transversal es una sola: el rechazo al proyecto de Ley General de Educación (LGE). Su versión final ha sido acordada entre parlamentarios del Gobierno y la oposición en noviembre de 2007, pero su versión original proviene del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación surgida en respuesta a las jornadas de movilizaciones del movimiento de estudiantes secundarios durante mayo de 2006. En aquella ocasión, más de 120 mil estudiantes de escuelas municipales y particulares recordaron a la sociedad chilena que la educación pública no era un problema sectorial sino un problema social, pidiendo la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) -creada justo antes de finalizar la dictadura militar de modo de amparar la reestructuración privatizadora de la educación pública impulsada por ésta- y la constitución inmediata de una comisión de carácter resolutivo que redacte una nueva propuesta de ley incorporando la participación amplia de todos los actores sociales. Los puntos a discutir, a juicio de los jóvenes, eran principalmente dos: la devolución de los establecimientos escolares al Estado para garantizar el derecho a la educación de calidad para todos y la revisión de problemas de implementación de la Jornada Escolar Completa.
En un plazo de 6 meses de trabajo, el Consejo -conformado por aproximadamente 80 miembros- dio origen a un informe que sirvió de base para que el gobierno elaborara el proyecto LGE que conocemos en la actualidad. El proyecto, a pesar de aparecer como respuesta a las movilizaciones de 2006, no contempla las reformas de los principales pilares del sistema educativo chileno, a saber, el sistema de financiamiento, la institucionalidad, el sistema de medición de la calidad, las condiciones de trabajo de los profesores y, lo más importante, el rol del estado. La segmentación educativa se mantiene en la educación secundaria y superior, la posibilidad de lucro con fondos públicos entregados para gestionar la educación no se vio seriamente afectada. En forma paralela comenzó su funcionamiento el Consejo Asesor para la Educación Superior, el que genera un texto que nuevamente dejó en el aire las demandas sociales.
(http://www.opech.cl/editoriales/2007_12/2007_12_22_fech_retiro_consejo_asesor.pdf)
Tras dos años de movilizaciones y dos consejos asesores presidenciales en educación, lo que ha prevalecido en la discusión sobre reforma educativa, han sido los términos del Acuerdo Educativo entre partidos (noviembre de 2007) el que se materializa en el proyecto LGE y que se encuentra movilizando a la comunidad educativa chilena en la actualidad. La ley no aborda una caracterización de la educación pública y sus responsabilidades, el cuidado y el mejoramiento de la oferta de educación pública, no regula la proliferación de nuevas escuelas y colegios que el Estado deberá subvencionar, no se refiere a la supresión paulatina del pago y del financiamiento compartido, no toca el desequilibrio entre la educación subvencionada de administración pública y la de administración privada. Tampoco se toca la institucionalidad basada en el sistema de sostenedores privados y municipales que no permite al Estado concentrar esfuerzos técnicos y económicos en una gestión más eficiente y de efectivo apoyo a las escuelas, ni el derecho a lucro o ejercicio financiero con los dineros entregados por la colaboración educativa a los sostenedores. Otros ausentes de la propuesta son el cambio en el sistema de medición de la calidad de la enseñanza, de mejoras en las condiciones de trabajo de los profesores y la necesidad de participación de familias, profesores y estudiantes en las escuelas.
Acogiendo los reclamos de la ciudadanía, un grupo de parlamentarios de la coalición gobernante presentó un total de 154 indicaciones al proyecto LGE antes de ser votada en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Sin embargo, solo se introdujeron dos. Una que busca acortar a un año el plazo para que los sostenedores acrediten giro único -aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara- y otra, que busca robustecer la enseñanza pública a través de una definición explícita en la Ley.
En respuesta a las últimas movilizaciones el Gobierno había decidido restarle urgencia a la tramitación de la Ley para iniciar un debate nacional sobre la LGE. Sin embargo, en una operación política inesperada, este lunes se decidió reponerla junto a las dos ya mencionadas indicaciones. La derecha ha amenazado con no aprobar la LGE si se incluyen tales indicaciones. Para los actores movilizados, en cambio, esta operación representa un retroceso, pues consideran que todavía quedan muchas cuestiones pendientes en orden a relevar la prioridad estatal y social de la educación pública.
Para la derecha política, estos últimos son apenas "grupos tumultuosos, que no representan el verdadero sentir de la ciudadanía" (editorial de El Mercurio, Santiago, 05/06/2008), sin embargo, todo saben muy bien que si no es por las voces de los estudiantes, profesores y familias que se vienen levantando hace unos años, en este país nunca se habría iniciado una discusión orientada a poner en cuestión los cimientos que sostienen la actual estructura segregatoria del sistema educacional chileno. Todo acuerdo que no involucre las voces de los sectores sociales directamente afectados por la actual estructura del sistema educacional chileno se desvanecerá en el aire, tal es lo que estamos presenciando hoy en nuestro país. Tal como lo señala J. E García-Huidobro (presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación) si bien "en educación sólo se avanza a través de acuerdos, es importante clarificar qué acuerdos abren hoy reales caminos de acción y qué otros sólo silencian las diferencias".
Los petitorios locales son diversos, sin embargo la demanda transversal es una sola: el rechazo al proyecto de Ley General de Educación (LGE). Su versión final ha sido acordada entre parlamentarios del Gobierno y la oposición en noviembre de 2007, pero su versión original proviene del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación surgida en respuesta a las jornadas de movilizaciones del movimiento de estudiantes secundarios durante mayo de 2006. En aquella ocasión, más de 120 mil estudiantes de escuelas municipales y particulares recordaron a la sociedad chilena que la educación pública no era un problema sectorial sino un problema social, pidiendo la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) -creada justo antes de finalizar la dictadura militar de modo de amparar la reestructuración privatizadora de la educación pública impulsada por ésta- y la constitución inmediata de una comisión de carácter resolutivo que redacte una nueva propuesta de ley incorporando la participación amplia de todos los actores sociales. Los puntos a discutir, a juicio de los jóvenes, eran principalmente dos: la devolución de los establecimientos escolares al Estado para garantizar el derecho a la educación de calidad para todos y la revisión de problemas de implementación de la Jornada Escolar Completa.
En un plazo de 6 meses de trabajo, el Consejo -conformado por aproximadamente 80 miembros- dio origen a un informe que sirvió de base para que el gobierno elaborara el proyecto LGE que conocemos en la actualidad. El proyecto, a pesar de aparecer como respuesta a las movilizaciones de 2006, no contempla las reformas de los principales pilares del sistema educativo chileno, a saber, el sistema de financiamiento, la institucionalidad, el sistema de medición de la calidad, las condiciones de trabajo de los profesores y, lo más importante, el rol del estado. La segmentación educativa se mantiene en la educación secundaria y superior, la posibilidad de lucro con fondos públicos entregados para gestionar la educación no se vio seriamente afectada. En forma paralela comenzó su funcionamiento el Consejo Asesor para la Educación Superior, el que genera un texto que nuevamente dejó en el aire las demandas sociales.
(http://www.opech.cl/editoriales/2007_12/2007_12_22_fech_retiro_consejo_asesor.pdf)
Tras dos años de movilizaciones y dos consejos asesores presidenciales en educación, lo que ha prevalecido en la discusión sobre reforma educativa, han sido los términos del Acuerdo Educativo entre partidos (noviembre de 2007) el que se materializa en el proyecto LGE y que se encuentra movilizando a la comunidad educativa chilena en la actualidad. La ley no aborda una caracterización de la educación pública y sus responsabilidades, el cuidado y el mejoramiento de la oferta de educación pública, no regula la proliferación de nuevas escuelas y colegios que el Estado deberá subvencionar, no se refiere a la supresión paulatina del pago y del financiamiento compartido, no toca el desequilibrio entre la educación subvencionada de administración pública y la de administración privada. Tampoco se toca la institucionalidad basada en el sistema de sostenedores privados y municipales que no permite al Estado concentrar esfuerzos técnicos y económicos en una gestión más eficiente y de efectivo apoyo a las escuelas, ni el derecho a lucro o ejercicio financiero con los dineros entregados por la colaboración educativa a los sostenedores. Otros ausentes de la propuesta son el cambio en el sistema de medición de la calidad de la enseñanza, de mejoras en las condiciones de trabajo de los profesores y la necesidad de participación de familias, profesores y estudiantes en las escuelas.
Acogiendo los reclamos de la ciudadanía, un grupo de parlamentarios de la coalición gobernante presentó un total de 154 indicaciones al proyecto LGE antes de ser votada en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Sin embargo, solo se introdujeron dos. Una que busca acortar a un año el plazo para que los sostenedores acrediten giro único -aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara- y otra, que busca robustecer la enseñanza pública a través de una definición explícita en la Ley.
En respuesta a las últimas movilizaciones el Gobierno había decidido restarle urgencia a la tramitación de la Ley para iniciar un debate nacional sobre la LGE. Sin embargo, en una operación política inesperada, este lunes se decidió reponerla junto a las dos ya mencionadas indicaciones. La derecha ha amenazado con no aprobar la LGE si se incluyen tales indicaciones. Para los actores movilizados, en cambio, esta operación representa un retroceso, pues consideran que todavía quedan muchas cuestiones pendientes en orden a relevar la prioridad estatal y social de la educación pública.
Para la derecha política, estos últimos son apenas "grupos tumultuosos, que no representan el verdadero sentir de la ciudadanía" (editorial de El Mercurio, Santiago, 05/06/2008), sin embargo, todo saben muy bien que si no es por las voces de los estudiantes, profesores y familias que se vienen levantando hace unos años, en este país nunca se habría iniciado una discusión orientada a poner en cuestión los cimientos que sostienen la actual estructura segregatoria del sistema educacional chileno. Todo acuerdo que no involucre las voces de los sectores sociales directamente afectados por la actual estructura del sistema educacional chileno se desvanecerá en el aire, tal es lo que estamos presenciando hoy en nuestro país. Tal como lo señala J. E García-Huidobro (presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación) si bien "en educación sólo se avanza a través de acuerdos, es importante clarificar qué acuerdos abren hoy reales caminos de acción y qué otros sólo silencian las diferencias".
- Links relacionados
- Petitorio de la Coordinadora Estudiantes Secundarios y Universitarios
- La nueva Ley General de Educación: entre la urgencia y los desafíos pendientes, por Loreto Egaña
- Comunicado Nº 10 OPECH
- Comunicado del Foro Nacional Educación de Calidad para Todos
- Video Acto Político Cultural Por la Defensa de la Educación
- Carta de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente a la Presidenta chilena Michelle Bachelet
- Propuestas del Bloque Social por la Educación a las organizaciones sociales y a la ciudadanía para mejorar la educación chilena
- Retirar el proyecto de la LGE y abrir un diálogo nacional sobre educación, por Guillermo Sherping
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